La ley de Seguridad Ciudadana regula por primera vez los cacheos

El Gobierno prohíbe por primera vez por ley las redadas policiales indiscriminadas o por razones étnicas, regula los cacheos y fija que el traslado y estancia en comisaría para la identificación de personas no supere el plazo máximo de seis horas. Así se recoge en el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana que este viernes el Gobierno ha remitido a las Cortes y que ha explicado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Por primera vez una norma con rango de ley prohíbe que se hagan identificaciones indiscriminadas o por perfiles étnicos", ha destacado Fernández Díaz, quien ha recordado que circulares policiales ya impedían estas prácticas. El titular de Interior ha defendido que la identificación de las personas por los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberá respetar "los principios de no discriminación y proporcionalidad".

Respecto a las manifestaciones, el ministro ha dejado claro que el nuevo texto no modifica "para nada" la legislación actual sobre el derecho de reunión y manifestación y rebaja de grave a leve las que se desarrollen sin haber sido comunicadas ante el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos. Pero si además de no ser comunicadas, se perturba gravemente el orden público, se considerará una infracción grave.

Después de siete meses desde que el Consejo de Ministros diera el visto bueno al anteproyecto y tras incluir las aportaciones de órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal o la Agencia de Protección de Datos, el Gobierno remite para su tramitación parlamentario el nuevo proyecto. Con estas observaciones, además de algunas aportaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias y varias entidades sociales como Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermon Oxfam, el nuevo texto cuenta ahora, en palabras del ministro, "con mayor calidad jurídica", es "profundamente garantista" y tiene "perfecto encaje" en la Constitución.

El proyecto no trata de sancionar más, sino con mayores garantías y menor discrecionalidad, ha destacado Fernández Díaz sobre el proyecto, dividido en cinco capítulos, el último de ellos dedicado al régimen sancionador de infracciones muy graves -se tipifican cuatro respecto a las 21 previstas en el primer borrador de Interior-, graves (26 frente a las 31 iniciales) y leves (7, trece más).

Entre las principales novedades incorporadas respecto al anteproyecto, Fernández Díaz ha subrayado la regulación de los supuestos excepcionales de traslado a dependencias policiales para identificación de personas. Una diligencia, ha enfatizado, que sólo se practicará cuando no sea posible identificar a alguien por medios físicos o telemáticos y siempre "por el tiempo estrictamente necesario", que no podrá superar las seis horas, tal y como había solicitado el Consejo de Estado en su dictamen sobre el anteproyecto. Además, los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado deberán expedir un "volante acreditativo" del tiempo de permanencia en dependencias policiales.

Fernández Díaz también ha destacado como novedad el artículo 20, en el que se regula por primera vez la práctica de los registros corporales externos, más conocidos como cacheos, y que estarán sometidos a los principios de "no discriminación e injerencia mínima".

Respecto al régimen sancionador, las infracciones muy graves estarán multadas con entre 30.000 y 600.000 euros; las graves, con entre 1.000 y 30.000 euros, y las leves, con multas 100 a 1.000 euros, las mismas cantidades hasta ahora vigentes. 

Precisamente, otra de las novedades respecto al primer borrador es la división de las sanciones muy graves y graves en grados máximo, medio y mínimo. Como norma general se impondrá la multa en el grado más leve, en el medio cuando concurra al menos una circunstancia agravante como reincidencia y en grado máximo únicamente cuando los hechos revistan especial gravedad. Además, dentro de cada grado se individualizará la sanción con criterios recogidos en la ley, entre los cuales figurará la capacidad económica del infractor.

Rechazo del PSOE

El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha dicho que su partido está "radicalmente en contra" del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, por considerar que supone un "retroceso de muchos años" y que es "muy de derechas". López ha dicho que el Consejo de Ministros vuelve a hacer "algo clásico en la derecha, que es un proyecto de ley muy de derechas, es decir, para recortar libertades publicas".

En declaraciones en la sede federal de su partido, el dirigente socialista se ha mostrado convencido de que este proyecto "no está para garantizar la seguridad de los ciudadanos", sino "todo lo contrario, lo que está es recortando derechos una vez más y haciendo que muchas competencias que hoy afortunadamente son de la justicia pasen a ser del Gobierno", ha criticado.

También Equo ha expresado su total rechazo a la Ley por considerar que, con el pretexto de la seguridad y desde una perspectiva autoritaria, "criminaliza determinadas formas de protesta de los ciudadanos contra los recortes sociales". En un comunicado, Equo opina que "cada vez hay más represión en las calles, más detenciones e identificaciones injustificadas y un mayor número de sentencias injustas".

Esta formación política se muestra en contra de multar a los ciudadanos por expresarse libremente y de privarlos del derecho de reunión y manifestación, que está recogido en la Constitución.

Equo recuerda que, en las estadísticas del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la ciudadanía manifiesta su preocupación por el paro y la corrupción, pero no por la seguridad. En España, "no hay problemas de seguridad", según esta formación política, que precisa que, según datos del Ministerio del Interior, los delitos y faltas se redujeron en 2012 un 0,7 por ciento con respecto al año anterior.


"Más claridad" en el trabajo de los agentes

Por su parte, la Unión Federal de Policía (UFP) ha valorado el proyecto de ley, al considerar que se trata de un texto "correcto" que permitirá a los agentes "tener más claridad" a la hora de desarrollar su labor policial. En declaraciones a Efe, el portavoz de la UFP Serafín Giraldo ha destacado que la reforma "es correcta en líneas generales" si bien existen "aspectos concretos" que podrían revisarse.

En ese sentido, ha aludido a la prostitución "por dar el mismo tratamiento al cliente que a la prostituta" y a la cuantía de las multas como algunos de los puntos que pueden ser mejorables en su tramitación parlamentaria. Con todo, ha subrayado que la norma "permitirá a los agentes tener más claridad a la hora de desarrollar su trabajo policial".