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CONFLICTO LINGÜÍSTICO

El TSJC ordena al colegio de Canet de Mar impartir el 25% de materias en castellano

El TSJC ordena al colegio de Canet de Mar impartir el 25% de materias en castellano
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(Foto: EFE/Alejandro García)
EL IMPARCIAL
viernes 03 de junio de 2022, 13:06h

Se reafirma en defender el derecho del niño cuyos padres denunciaron el monolingüismo del centro, mientras se tramita el decreto-ley de la Generalidad.

Nuevo episodio del conflicto lingüístico en torno al catalán. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se reafrima en su sentencia que insta a un colegio de Canet de Mar a impartir el 25% de las clases en castellano.

El centro Turó del Drac se convirtió en el estandarte del conflicto debido a que la familia de un alumno reclamó el derecho a recibir un 25% de las clases en castellano, lo que provocó la reacción de la Consejería de Educación y de otras familias del centro, que insistían en imponer el 100% de las clases en catalán.

Ante el recurso a la sentencia, interpuesto por varias familias del centro, el Alto Tribunal catalán reafirma su defensa del derecho a recibir un 25% de las clases en castellano, una doctrina refrendada por el Tribunal Supremo.

Todo ello, mientras la Generalidad prepara la reacción para defender su modelo de educación exclusivamente en catalán. La consejería de Educación de la Generalidad decidió asumir, a través de un decreto ley, la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y concertados catalanes, para proteger así a los directores de los colegios ante la sentencia del TSJC del 25 % de castellano y defender un modelo sin cuotas fijas.

Según el decreto, el catalán es el "centro de gravedad del servicio público educativo de Cataluña" y establece como criterio la "inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas", por lo que se rechaza el porcentaje uniforme de impartir el 25 % de materias en lengua castellana que marca el TSJC.

Según el Decreto Ley del catalán en los centros educativos, el departamento de Educación habrá evaluado previamente los proyectos lingüísticos, que deberá diseñar cada escuela e instituto en base a su realidad cultural y sociológica.

El Decreto Ley fija los criterios aplicables en la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos.

El Govern ha aprobado el decreto este lunes, en una reunión extraordinaria con un único punto en el orden del día, ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir como mínimo el 25 % de materias en castellano en todos los colegios catalanes a partir de ese miércoles.

En rueda de prensa tras la reunión, la portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha subrayado que el objetivo del decreto es "proteger a las direcciones de los centros y al modelo de escuela catalana de las injerencias judiciales".

El decreto defiende la "diversidad cultural y lingüística del alumnado", por lo que subraya que "la realidad heterogénea de los diferentes centros del sistema educativo de Cataluña imposibilita la aprobación de una regulación monolítica que imponga un tratamiento uniforme de las lenguas en todo el territorio".

Según el texto, "en primera instancia corresponde a cada centro efectuar el análisis de los factores sociales y culturales del entorno que deben servir de base para elaborar el proyecto lingüístico", aunque la consellería de Educación "debe validar y velar por garantizar que el proyecto lingüístico se ajusta a la legalidad".

Respecto a la validación de los proyectos lingüísticos, el decreto establece que, "sin perjuicio de la autonomía de los centros educativos", la consellería de Educación "debe validar, en un periodo no superior a 30 días que el proyecto lingüístico se adecua a la normativa vigente e instar su modificación en caso contrario".

Por ello, el proceso de validación por parte de la consellería demoraría hasta el próximo curso la aplicación de los planes lingüísticos.

En este sentido, el decreto reconoce que la "necesidad extraordinaria y urgente de aprobar este decreto ley radica en la exigencia de contar de forma inmediata y con la antelación suficiente con el marco normativo adecuado para poder preparar el próximo curso escolar 2022-23".

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