El Ayuntamiento de Barcelona ha sancionado a un agente de la Guardia Urbana a 24 días de suspensión de empleo y sueldo por negarse a hablar en catalán a una ciudadana durante una actuación policial el pasado mes de julio y mantener una conducta "irrespetuosa", según han informado a Efe fuentes municipales.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha manifestado su apoyo y respeto a la decisión tomada porque "los servidores públicos deben dirigirse a la ciudadanía correctamente y deben hacerlo en primera instancia con la lengua propia de Barcelona y de Cataluña, que es el catalán", y "si el ciudadano se dirige en catalán, pues deben continuar en catalán".
En una entrevista en el Cafè d'Ideas de La2, Collboni ha considerado el incidente "una excepción" y ha dicho que es la primera vez que se encuentra con un caso así en sus tres años de mandato.
La sanción a este agente de la urbana responde al hecho de haber dispensado un "trato inadecuado" a esta mujer y no por una cuestión puramente de discriminación lingüística, según las citadas fuentes municipales.
Los hechos, que se produjeron el pasado 13 julio en la Rambla Prim de Barcelona, fueron denunciados por la asociación Plataforma per la Llengua ante el consistorio barcelonès, en el que aportaron imágenes de un vídeo que recogían el incidente y que este jueves ha difundido.
En él se ve y escucha a la ciudadana reclamar explicaciones sobre la identificación policial y pedir reiteradamente ser atendida en catalán y al agente negarse a utilizar el catalán y responder con comentarios despectivos como calificarla de "fascista y totalitaria" por pedir que se comunicara con ella en ese idioma.
Ante ello, el ayuntamiento abrió un expediente disciplinario a este policía municipal, concretamente, la Unidad Deontológica y de Asuntos Internos (UDA) del consistorio, que llevó a cabo la correspondiente investigación interna y trasladó sus conclusiones a los servicios municipales competentes.
El expediente ha concluido con esta sanción por una "negligencia grave en el cumplimiento de sus funciones" y porque su conducta hacia esta mujer fue "irrespetuosa", ya que durante la actuación policial "se produjeron actitudes y expresiones que han sido consideradas incompatibles con los estándares de respeto, corrección y profesionalidad exigibles a los miembros del cuerpo".
Este resolución, precisan fuentes municipales, no es firme y puede ser recurrida.
La Guardia Urbana reitera que el respeto a la ciudadanía, la profesionalidad y la corrección en el trato son "principios esenciales" de cualquier actuación policial, por lo que el ayuntamiento mantiene "su compromiso" con la garantía de los derechos lingüísticos y en la atención a las personas siguiendo las directrices municipales vigentes.
En un comunicado, Plataforma per la Llengua ha valorado esta sanción por "discriminación lingüística", y recuerda que los trabajadores municipales tiene la obligación de dirigirse prioritariamente en catalán a los ciudadanos y que, en ningún caso, "pueden negarse a atenderlos en la lengua que soliciten", porque es un "derecho lingüístico".
En este sentido, la asociación subraya que cuando una ciudadana reclama ejercer su derecho a ser atendida en catalán por un servidor público, "la administración tiene la obligación de garantizarlo".
Plataforma per la Llengua ha anunciado también que recurrirá a la justicia para que se anule la multa que se impuso a la ciudadana por "increpar y despreciar a los agentes" en esta actuación policial.
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