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El pleno de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados ha vuelto a ser el escenario de un duro enfretamiento entre socialistas y populares por la situación económica actual.

La Mesa del Congreso la tarde de este jueves de urgencia para examinar la situación de Viajes Marsans, la agencia con la que tiene contratada la gestión de los viajes de sus diputados y a la que la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) retiró la licencia para la venta de billetes, y acordó revocar el contrato y convocar un nuevo concurso, se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias.

En la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles, la ministra de Economía, Elena Salgado, ha tachado la actitud del PP de "desnortada e irresponsable".

Aunque han interrumpido de forma unilateral las negociaciones del convenio con Aena, los controladores aéreos han asegurado que esta Semana Santa mantienen su compromiso de que mantendrán los servicios acordados. Además, este miércoles el Congreso ha aprobado las enmiendas por las que se retrasa la edad de "jubilación" a los 57 años y se rebaja el sueldo anual a 200.000 euros.

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la toma en consideración de una proposición de ley del grupo parlamentario mixto sobre modificación del IVA para que los productos y servicios relacionados con la cadena alimenticia tributen al cuatro por ciento.

Las propuestas económica presentadas este jueves por el Gobierno han sido calificadas por Duran i Lleida de "insuficientes" y asegura que en su conjunto no pueden considerarse "como un Pacto de Estado".

Con el auge del bipartidismo, que se sirve de los nacionalistas para sacar adelante sus iniciativas, y la entrada en escena de partidos minoritarios, que no obtienen la representación proporcional a sus votos, las voces que reclaman una reforma de la Ley Electoral han cobrado protagonismo. El propio informe que el Gobierno encargó al Consejo de Estado sobre este asunto recomienda corregir la desproporcionalidad actual, como propugnan IU y UPyD. Además, el asunto sobre el peso político de los partidos nacionalistas en el Congreso también se cuestiona.