Derecho

Este viernes, se ha celebrado una manifestación “por los derechos de Euskal Herria” en Bilbao después de que la AN no se opusiera a su organización.

Según una sentencia del Tribunal Supremo, las escuchas en los calabozos de dependencias policiales no son inconstitucionales.

La Audiencia Nacional condena a un total de 119 años de prisión a Urrusolo Sistiaga como autor, por cooperación necesaria, de la comisión de un delito de atentado con finalidad terrorista, dos de asesinato terrorista y uno de asesinato frustrado, con ocasión de la explosión de un paquete bomba que causó la muerte de dos funcionarios del Equipo TEDAX y un herido muy grave. Los hechos constituyen un delito de estragos en cuanto que personas de la organización ETA prepararon un poderosos artefacto explosivo y planearon su envío a una persona que se integraba, a juicio del informante -el acusado-, en la Subdirección de Asuntos de Personal del Ministerio de Justicia; si bien como el paquete bomba fue rechazado y, en consecuencia, depositado en una nave, dieron aviso del mismo para que explotase al ser manipulado, ello, a sabiendas de que con tal aviso acudirían artificieros de los cuerpos de seguridad. Hechos que son constitutivos, asimismo, de un delito de atentado porque merced al proceso de ocultamiento del explosivo, que es enviado por una empresa de transporte para no levantar sospechas, se pretendía atacar a una persona que tuviera una responsabilidad en el Estado -lo que constituye a su vez, el delito de asesinato frustrado-, o alternativamente, y como así sucedió, a otros servidores públicos. Ha quedado acreditado que el procesado llevó a cabo la labor de informar, previamente al envío del paquete, sobre la dirección de personas y domicilios como posibles destinatarios de los mismos, habiendo quedado probado que los fue anotando en una agenda, y entre cuyas anotaciones se encontró la dirección del Ministerio de Justicia. Emitido voto particular por la Ilma. Sra. Magistrada D.ª. Clara Eugenia Bayarri García.

El Alto Tribunal, en sus sentencias de 15 de julio de 2010, Recursos números 23/2008, 25/2008 y 26/2008, anula los arts. 11, 18, 38.1 a) y 2 y 123.2 del RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LO 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (RI §1043849)

A continuación trascribimos el texto íntegro del Auto del Pleno del Tribunal Constitucional en relación con el recurso de inconstitucionalidad promovido por setenta y un Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados sobre Arts. 5.1 e), 8 in limine y letras a) y b), 12, 13.4, 14, 15 a), b) y c), 17.2 y 5, 19.2 párrafo primero, y disposición final segunda de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en el cual se deniega la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados.

Acuerdo para la uniformidad en la aplicación de la de la Ley de Violencia de Género, entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

Existen dos líneas jurisprudenciales: la que entiende que para aplicar dicho delito es suficiente que se produzca una agresión en el seno de la pareja, y la que exige que concurra en el agresor “una voluntad de sojuzgar a la pareja o dominarla”.

El agua potable ha sido reconocido por la ONU como "un derecho humano básico" e insta a que se garantice su disfrute a los más 800 millones de personas que actualmente carecen a ese elemento.

Ley Orgánica 6/2010, de 27 de julio, complementaria de la Ley 31/2010, de 27 de julio, sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE de 28 de julio de 2010).

Se condena al Premio Nobel, José Saramago, a ingresar en la Hacienda Pública española, la cantidad de 717.651,78 euros obtenidos por su actividad profesional, al haberse acreditado su residencia fiscal en España.

Dando lugar a la impugnación deducida, el Tribunal Supremo ordena tener por personada a la asociación ecologista recurrente en la ejecución de la sentencia litigiosa, aún cuando no fue parte en el recurso contencioso administrativo en el que se anuló en parte el PGOU de Madrid. A juicio de la Sala, las mismas razones que permiten su presencia en el proceso para obtener una resolución judicial sobre el asunto, alcanzan a la ejecución para hacer que efectivamente se verifique lo decidido. La legitimación conferida para la protección urbanística ha de extenderse y proyectarse también, para ser consecuentes con las razones que avalan tal reconocimiento, a la fase de ejecución en la medida que pretenda que lo acordado en sentencia firme sea cumplido.

La Ley 20/2010 establece el marco normativo que rige la industria cinematográfica y audiovisual en lo relativo, entre otros, a la producción, distribución, comercialización, promoción, proyección internacional y exhibición de obras cinematográficas y audiovisuales, teniendo en cuenta los cambios generados por el proceso de migración al entorno digital, garantizando el derecho de los ciudadanos de Cataluña a elegir ver la obra cinematográfica en catalán o en castellano y favoreciendo la presencia de obras en versión original subtitulada. Asimismo regula los aspectos relacionados con la preservación y protección de las artes cinematográficas y del patrimonio cinematográfico, con el fomento de la educación y la formación en el audiovisual y con la difusión de la cultura cinematográfica.