EDUCACIÓN

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha reconocido que "el fracaso escolar supone el mayor desafío al que tenemos que hacer frente". En una entrevista a EL IMPARCIAL en la que repasa los retos del departamento que dirige, explica que se resiste a admitir que los altos porcentajes de alumnos que dejan las aulas "sea una realidad perdurable en el tiempo" y, por eso, trabaja a diario para poner fin a este mal del sistema educativo.

El Anteproyecto de La Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación presenta varias novedades con respecto a lo que ya existía en el artículo 14 de la Constitución. Desde el Ministerio de Sanidad se destaca que, aparte de una norma con carácter general que “ofrecerá mayor eficacia”, permitirá a los padres disfrutar del permiso de lactancia e incluye la lengua y el acceso mercado laboral y a la vivienda como elementos de discriminación.

Tres sentencias estiman el derecho de los padres a qe el castellano se utilice como lengua vehicular en Cataluña.

La asociación Convivencia Cívica Catalana se ha felicitado por haber realizado los recursos a la inmersión lingüística en catalán que este martes han dado lugar a las sentencias en las que el Tribunal Supremo reconoce que el castellano no puede ser excluido como lengua vehicular de la enseñanza.

Ante las propuestas del anteproyecto de ley de Igualdad de Trato y no Discriminación relacionadas con la educación diferenciada, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha señalado que la educación diferenciada es un modelo pedagógico que no supone discriminación y la COFAPA ha insistido en la necesidad de promover un auténtico pluralismo educativo en el que deben tener cabida los modelos educativos legítimos.

La ley de Igualdad de Trato y no Discriminación “es una ley que instaura el delito de opinión”, ya que, según el presidente de Hazteoir, Ignacio Arsuaga, “impone la ideología de género y prohíbe determinadas conductas y declaraciones que pasan a ser delito”, por lo que entiende que esta ley lo que instaura es “el Tribunal de la Inquisición progre”.

El Gobierno catalán no está dispuesto a modificar la normativa sobre inmersión lingüística. El consejero de Educación de la Generalidad, Ernest Maragall, ha asegurado que la sentencia del Supremo "no anula ni obliga a modificar un solo precepto".

Tal y como ya anunció EL IMPARCIAL, el Tribunal Supremo ha ordenado a la Generalidad de Cataluña que adopte cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza para que el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema educativo junto con el catalán.

El Supremo ordenará a la Generalidad catalana que garantice la enseñanza en español a los alumnos que así lo soliciten y que se haga en condiciones de adecuado equilibrio respecto al catalán.