EDUCACIÓN

Ángel Gabilondo ha asegurado que el Ministerio de Educación está trabajando ya en un borrador del real decreto que desarrolle un sistema similar al MIR para los profesores. El objetivo es que la enseñanza del profesorado quede avalada, no sólo por una serie de concimientos, sino también por una experiencia práctica.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó este jueves un paquete de medidas para dar un impulso a la excelencia dentro del sistema educativo de la región. Unas iniciativas que pasan por la cesión de un 35% de las competencias curriculares a los centros educativos, con lo que se fomenta la autonomía y diversificación de todos los centros, así como por la concesión de 1.502 becas de excelencia para los mejores alumnos del próximo curso.

La Fundación Ortega-Marañón y la Mutua Madrileña han reunido a cuatro expertos de campos como la economía, la ciencia o la política para debatir sobre el estado de la educación en España en el marco del Primer Ciclo de Conferencias "La España del nuevo decenio". Tanto Pilar del Castillo como los demás ponentes han coincido en denunciar un "estado de agonía" de las Universidades españolas en las que no hay una correspondencia entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos. La promoción de la excelencia es, para todos, una respuesta necesaria.

Las cifras demuesran que España es uno de los países más inclusivos en el ámbito educativo, algo que tendrá su efecto en el ámbito laboral en los próximos 15 años.

Las tecnologías son capaces de transformar la sociedad, la cultura y la economía pero para su implantación son básicas políticas de regulación que apoyen la competencia y la formación de los profesores para impulsar la educación, según el último informe auspiciado por la Fundación Telefónica.

Padres, profesores, organizaciones empresariales y sindicatos vinculados al sector educativo han rechazado de plano la Ley de Igualdad de Trato aprobada por el Consejo de Ministros, sobre todo, la parte que contempla la negación de financiación pública a los centros de educación diferenciada. Consideran que la norma "supone un nuevo recorte de derechos fundamentales" y, además, "pone en peligro miles de empleos".