ERE

La juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que instruye el caso de los ERE fraudulentos, ha vuelto a señalar como preimputados a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Varios agentes de la Udyco de la Guardia Civil llevaron a cabo este viernes un registro en la sede de UGT en Andalucía en la capital sevillana. Los agentes, varios de ellos de paisano y otros de uniforme, se presentaron poco antes de la once de la mañana en la sede de la central sindical, que está siendo investigada por el supuesto desvío de fondos de formación a otros fines. Por estos hechos dimitió hace unas semanas el entonces secretario general del sindicato en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla.

El Consejo Consultivo andaluz ha decretado nulos 126 expedientes de los ERE que suman 65 millones "indebidamente cobrados".

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, se ha mostrado este jueves convencido de que el sindicato en Andalucía "va a dar cuentas" en relación con los ERE y el supuesto desvío de fondos para la formación, si bien ha precisado que "hasta el momento no hay imputación".

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que investiga el caso Invercaria que incoe diligencias sobre la Radio Televisión de Andalucía y otras siete empresas o agencias andaluzas que usaron las llamadas transferencias de financiación para eludir, presuntamente, los controles de la Intervención.

La Audiencia de Sevilla ha desestimado el recurso de la Junta de Andalucía contra la imputación de veinte altos cargos en el caso de los ERE, en un auto en el que critica que esté personada como acusación particular pero haga "labores propias de una defensa".

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy fianzas civiles de 8 y 10 millones de euros para Jacinto Cañete y Juan Francisco Sánchez García, dos exdirectivos de la agencia andaluza IDEA acusados de permitir el reparto de ayudas "absolutamente discrecionales" en el caso de los ERE.

La dirección de UGT en Andalucía denunciará ante el juzgado la destrucción de 1.756 archivos informáticos en un "borrado interno" dentro del sindicato entre los meses de enero y junio.