estado de alarma

Comunidades y ayuntamientos se ven incapaces de contener esta ola de concentraciones sin un marco jurídico claro.

Un informe considera que el cambio legal sitúa a los jueces como "copartícipes ejecutivos" y tacha de "confusa, ambigua y equívoca" su terminología.

Consejeros de Madrid y Cataluña ya avisan de que cualquier restricción de la movilidad requerirá del aval de la justicia.

Los grupos parlamentarios piden al Gobierno fórmulas para dar cobertura a las comunidades.

El ministro de Justicia descarta un cambio normativo horas después de abrir la puerta a esa posibilidad si así lo aconsejaba el Supremo.

Miles de personas se echan a la calle en numerosas ciudades, como Barcelona o Madrid, donde la policía ha tenido que desalojar la Puerta del Sol.

El mandatario no tiene pensado coordinar el periodo posterior al mencionado decreto.