Gürtel

Tras la solicitud el pasado lunes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a la FEMP para que le entregase la documentación sobre los contratos con empresas de Correa durante la etapa de Rita Barberá como presidenta del organismo, la FEMP ha entregado los papeles a la Policía Judicial.

La trama de corrupción del caso Gürtel ha protagonizado este lunes un nuevo capítulo. Ahora, se pretende implicar a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ya que la Policía se ha personado esta mañana en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para solicitar los contratos que se firmaron con las empresas Special Events y Pasadena Viajes, vinculadas a Correa, durante el mandato de Barberá. La edil valenciana ha achacado los hechos a que el Gobierno y el PSOE pretenden "ensuciar" su nombre, porque, ha dicho, "no han conseguido ganarme en las urnas en 18 años".

El Partido Popular cree que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y el responsable de Justicia, Federico Trillo y el presidente valenciano, Francisco Camps, pueden ser algunos de los mandatarios del partido con los teléfonos "pinchados". Mientras, los sindicatos policiales SUP, CEP y SPP han negado la participación de cualquiera de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en escuchas telefónicas ilegales porque estas intervenciones deben contar con la autorización de un juez.

El responsable de Justicia del PP podría haber sido objeto de escuchas ilegales, según la formación. Los populares han llegado a esta conclusión después de que se relacionara a Federico Trillo con el juez Juan Montero, uno de los instructores del caso Gürtel, cuando, en realidad, con quien había mantenido contacto era con el representante del partido ante los tribunales, Juan Ramón Montero.

Las declaraciones realizadas este martes por la número dos del PP han enfadado mucho a las filas socialistas. La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha exigido este miércoles, vía comunicado, a Rajoy que haga rectificar a María Dolores de Cospedal, por sus "intolerables declaraciones", en las que acusaba al Gobierno de utilizar a la Fiscalía General del Estado para "perseguir" a Francisco Camps en lugar de a Eta.

La vicesecretaria de Organización y Electoral del PP, Ana Mato, ha asegurado que su partido acudirá si es necesario a las instituciones europeas para que se aclare la "persecución" al PP "dirigida" por el Gobierno, que incluye -ha reiterado- escuchas telefónicas ilegales a dirigentes del partido.

El Partido Popular, por boca de su secretaria General, María Dolores de Cospedal, ha acusado a autoridades judiciales y policiales de realizar escuchas ilegales a dirigentes del PP. El PSOE reaccionó violentamente a esa acusación y ha exigido la dimisión de Cospedal si no aporta pruebas. Ahora es Federico Trillo, que cree haber sido víctima de esas escuchas, quien dice tener las pruebas en su mano.

La Policía Judicial ha entrado este lunes en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para investigar supuestos contratos que habría firmado el número dos de Rita Barberá, cuando la alcaldesa de Valencia estaba al frente de esta institución, con empresas implicadas en el caso Gürtel.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha defendido este miércoles que la actuación de la Fiscalía General del Estado, al recurrir el sobreseimiento de la causa contra Francisco Camps en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, responde a la "normalidad democrática" y aseguró que el Ministerio público "actúa con autonomía" y "no se deja utilizar por nadie", tampoco por el Gobierno. "A no ser que cuando ellos gobernasen, la utilizasen", agregó, en referencia al PP.