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La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a sendas penas de 377 años de cárcel a los etarras IM y AA como responsables del atentado contra una ex teniente alcalde de Portugalete.

José Castro, el titular del juzgado de instrucción número 3, encargado del caso Palma Arena, ha decretado una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros para el ex presidente del Gobierno balear, Jaume Matas.

Hoy martes, 14 de diciembre a las 16 horas, el pleno de la Cámara Baja se reúne para debatir y votar, entre otros asuntos, la convalidación o la derogación del Real-Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras, para fomentar la inversión y la creación de empleo.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha suspendido cautelarmente siete de los 22 artículos del Reglamento de Uso de la Lengua catalana del Ayuntamiento de Barcelona.

Real Decreto 1221/2010, de 1 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica (BOE de 2 de octubre de 2010).

Los responsables de una página web que permite bajar a los usuarios archivos de partidos de fútbol emitidos en otros países, sin autorización de su titular, no realizan actos de comunicación pública de obras protegidas por la Ley de Propiedad intelectual que resulten punibles.

El Partido Popular y el PSOE han llegado a un acuerdo para desbloquear la renovación de cuatro de los miembros del Tribunal Constitucional cuyos mandatos estaban vencidos desde hace tres años. El Partido Popular ha retirado al magistrado Enrique López de su lista de candidatos en el cupo que corresponde al Senado, que lo había vetado.

El Tribunal Constitucional ha anulado parcialmente la sentencia que condenó al miembro de ETA AAP por 11 delitos de asesinato en grado de tentativa y un delito de estragos por su participación en el ataque contra un furgón militar en 1994 en Madrid.

La Audiencia Nacional ha absuelto al propietario y a una camarera de un bar que el año pasado no retiraron las fotos de presos de ETA que tenían colgadas en las paredes del local. La sentencia considera que los hechos deben entenderse "en clave de crítica política" y no como un delito de enaltecimiento del terrorismo.

El Tribunal Supremo ha determinado que la aplicación de las cláusulas especiales de coberturas por daños, negociadas especialmente por el cliente y la empresa aseguradora incluidas en el contrato, prevalecen sobre las cláusulas generales del mismo.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha presidido el acto de lanzamiento de la página web de la Oficina Judicial, el nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia que empezará a funcionar a comienzos de noviembre en las ciudades de Burgos y Murcia y, de manera progresiva, en el resto de Comunidades Autónomas dependientes del Ministerio de Justicia.

Real Decreto 1221/2010, de 1 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica (BOE de 2 de octubre de 2010).

Este jueves, los Presupuestos Generales del Estado para 2011 han sido presentados en el Congreso y comienza, así, el calendario establecido para su tramitación.

Confirma la Sala la liquidación girada a los actores por el IRPF, en relación a la actividad empresarial de organización de espectáculos taurinos, entre otros en la Plaza de Toros de la Maestranza. Declara, entre otros pronunciamientos, que es correcta la regularización realizada por la Administración Tributaria incluyendo en la liquidación los ingresos por entrega de entradas en forma gratuita, computándolas por el precio real de venta al público. Afirma que, en contra de lo manifestado por los recurrentes, las entregas gratuitas de las entradas objeto de controversia no son deducibles, pues fueron cedidas a miembros de la Guardia Civil, Inspectores de Trabajo, funcionarios de la Delegación Provincial de la Consejería de Gobernación de Sevilla, de la Policía Nacional o Local, la mayoría de los cuales no son altos cargos, y que, en principio, no tienen una significación social de especial trascendencia pública, e incluso son desconocidos por el público, de tal forma que dichas entregas no sirven para promocionar la actividad empresarial de los contribuyentes ni hacen atractiva la asistencia a los espectáculos taurinos. Así, para apreciar la deducibilidad pretendida, tales entregas debían responder a relaciones públicas con clientes o proveedores, o los que con arreglo a los usos y costumbres se efectuaran al personal de la empresa, o a promocionar directa o indirectamente la venta de bienes y servicios, o se hallasen correlacionados con los ingresos.