JUSTICIA

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, protagonizó ayer la comparecencia ante la Comisión en el Congreso y no dejó de dar titulares en toda su intervención. Dos de los más importantes por su calado fueron por un lado el compromiso por la despolitización del Poder Judicial a través de la modificación del sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces y la posibilidad de instaurar en España la cadena perpetua. El Imparcial habla sobre estos dos asuntos con el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Requero.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado en el Congreso una reforma de la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo en la que se exigirá el consentimiento paterno en relación a las menores.

Con el objetivo de acabar con el exceso de litigiosidad, que considera uno de los principales problemas de la Justicia española, el ministro ha anunciado que, en la línea del depósito previo para recursos aprobado en 2009, se instaurará una nueva tasa judicial. Así, las partes deberán asumir obligatoriamente los costes del proceso a partir de la segunda instancia, aunque la cantidad que depositen les será reintegrada si su demanda prospera. "Si el ciudadano no se conforma con la respuesta que le da el poder judicial, en segunda instancia es cuando se aplicará el nuevo modelo de tasas", ha dicho Gallardón, que ha precisado que los ingresos obtenidos por esta vía se dedicarán a la modernización de la Justicia. La nueva tasa no se aplicará a la jurisdicción penal, y también estarán exentos "quienes carezcan de recursos para litigar".

La vicepresidenta del Gobierno Soaraya Sáenz de Santamaría ha apuntado este martes durante su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que las reformas que maneja el Ejecutivo en materia de Justicia contemplan el retorno al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial de 1985 por el que son los magistrados y no los políticos los que eligen la composición del mismo.

El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, celebra que se vaya a reformar la Ley del Menor, pero ha explicado a EL IMPARCIAL que hay dos puntos que no se pueden olvidar en el nuevo texto: obligar a los menores de catorce años que delincan a cumplir medidas educativas con carácter obligatorio y que los que hayan cometido delitos graves no salgan en libertad vigilada sin que un experto nos diga que está realmente rehabilitado.

Uno de los primeros en manifestarse acerca del anuncio hecho este miércoles por Gallardón sobre una posible reforma de la Ley del Menor ha sido Antonio del Castillo, el padre de la joven asesinada en Sevilla hace tres años y que se encuentra actualmente en proceso de recurso de la sentencia del caso de su hija.

La primera intervención de Alberto Ruiz-Gallardón ante la Comisión de Justicia ha estado cargada de titulares. El ministro ha anunciado una reforma de la Ley del Aborto para exigir el consentimiento paterno en casos de menores de edad. Habrá revisión asimismo de la Ley del Menor y abre la puerta a penas de prisión permanentes revisables.

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha planteado la posibilidad de liberar a las comunidades autónomas de gastos en Sanidad y Justicia, pero el jefe de Gobierno, Mariano Rajoy, ha dejado claro que de momento no están previstas medidas de esa naturaleza. Aguirre lo ha expuesto en el Comité Ejecutivo Nacional, que congrega a la actual dirección del partido con los vocales y presidentes autonómicos.