rita barbera

A la contra de lo que el Ministerio de Cultura apreció hace unos días al paralizar las obras de derribo del valenciano barrio del Cabanyal para abrir la avenida Blasco Ibáñez al mar, el Gobierno valenciano ha desafiado al Ministerio al sacar un decreto-ley este jueves, que autoriza las obras por considerar que "no perjudica, daña o deteriora la protección" del conjunto histórico del barrio.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha hecho "responsable" al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de lo que calificó como "inadmisibles e inaceptables" ataques a su partido por parte de las instituciones y le emplazó a dar "explicaciones convincentes". El portavoz de Justicia de los populares, Federico Trillo, dice tener grabaciones que prueban las escuchas ilegales.

Después de que EL PAíS afirmara el pasado domingo que la alcadesa de Valencia, Rita Barberá, también aceptó regalos de Álvaro Pérez, "El Bigotes", relacionado con el caso Gürtel y de que la afectada declarada ayer que será ella quien pida explicaciones ante la Justicia, el secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons se ha preguntado "¿quién no recibe un regalo en Navidad?".

Tras la solicitud el pasado lunes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a la FEMP para que le entregase la documentación sobre los contratos con empresas de Correa durante la etapa de Rita Barberá como presidenta del organismo, la FEMP ha entregado los papeles a la Policía Judicial.

La Policía Judicial ha entrado este lunes en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para investigar supuestos contratos que habría firmado el número dos de Rita Barberá, cuando la alcaldesa de Valencia estaba al frente de esta institución, con empresas implicadas en el caso Gürtel.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado este miércoles que las declaraciones del presidente valenciano, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, sobre el caso Gürtel son "inauditas", "inadmisibles" e "irrespetuosas". De la Vega ha sentenciado que al hablar de "servidores públicos" no se puede justificar "ni un traje ni medio traje".