TRANSPARENCIA

Soraya Saenz de Santamaría ha recordado este lunes ante la comisión Constitucional del Senado las medidas que está impulsando el Ejecutivo en el marco del Plan de Regeneración Democrática y ha apelado al consenso de los partidos para "cegar cualquier espacio a la corrupción".

El Grupo Popular le ha evitado a Mariano Rajoy tener que dar explicaciones sobre el caso Bárcenas en el Congreso de los Diputados. La semana que viene no habrá sesión de control y el calendario no fija el próximo hasta septiembre. Todos los grupos del Parlamento salvo UPyD mantienen su plantón a la ponencia sobre la Ley de Transparencia.

Los representantes del PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el Grupo Mixto en la ponencia de la ley de transparencia han abandonado hoy la reunión y han avisado de que no volverán hasta que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ofrezca una explicación sobre el caso Bárcenas. Poco después, se han marchado también los ponentes de CIU y PNV, que aunque no comparten esos argumentos y han lamentado que se mezcle la tramitación de esta ley con el caso Bárcenas, han convenido que no se daban las condiciones para trabajar en la ponencia.

El Congreso discute hoy la Ley de Transparencia. El Gobierno ha accedido a que el órgano que vele por el cumplimiento de la norma se denomine Consejo y no Agencia y que este cuente con mayor especialización. CiU y PNV han retirado sus enmiendas a la totalidad tras obtener el compromiso de Soraya Sáenz de Santamaría de "suavizar" la potestad sancionadora del ministro de Administraciones Públicas.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que nunca un partido ha hecho un "'striptease'" como el PP, en relación a la transparencia contable de su formación y después del ingreso en prisión del extesorero del PP Luis Bárcenas.

La CEOE y las organizaciones empresariales que representa consideran que "no deberían ser incluidas" junto a los entes públicos en la Ley de Transparencia porque son "partidarios de un control público de los ingresos públicos, pero no de un control de los ingresos privados". De la misma forma, los sindicatos consideran que sus obligaciones no deberían de ser las mismas que las de los partidos políticos.

El Gobierno mantiene abiertas negociaciones con CiU y con el PNV intentando que las formaciones nacionalistas retiren sus enmiendas de totalidad contra el proyecto de Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que este jueves se somete a su primer examen en el Pleno del Congreso.