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15 DÍAS PARA APLICAR LA SENTENCIA DEL TSJC

Incumplir el 25% del castellano, la nueva batalla de ERC ante un Sánchez noqueado

El president de la Generalidad, Pere Aragonès, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la pasada semana en Barcelona.
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El president de la Generalidad, Pere Aragonès, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la pasada semana en Barcelona. (Foto: EFE)
miércoles 11 de mayo de 2022, 17:33h
Con la crisis Pegasus lejos de resolverse y en su momento de mayor debilidad, el Gobierno hace frente a un nuevo capítulo de contestación separatista.

A Pedro Sánchez le crecen los enanos. En mitad de la mayor crisis política desde su llegada a La Moncloa (y no son pocas) por el espionaje a decenas de políticos independentistas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado al Govern hacer efectivo el uso del 25% del castellano en las aulas de forma inminente.

Si la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban, empleada como chivo expiatorio por el Ejecutivo, apenas había servido para calmar los ánimos de sus socios catalanes, el auto del TSJC ha reavivado aún más la llama beligerante del secesionismo, en horas bajas hasta hace pocos meses.

El auto del TSJC no deja lugar a dudas: la Consejería de Educación de la Generalidad tiene 15 días (a contar desde el martes) para "dictar las instrucciones y establecer las garantías de control que de las mismas procedan a los efectos de que en el sistema educativo de Cataluña todos los alumnos reciban de forma efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso". Además, el tribunal insta a la Alta Inspección Educativa de Cataluña a supervisar el correcto cumplimiento de la orden judicial.

Esta decisión responde a una solicitud de ejecución forzosa de la sentencia, firme desde enero, realizada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), una asociación de padres y madres nacida de la situación de indefensión de algunas familias, como la del niño de Canet de Mar, que defienden el castellano para sus hijos en las aulas catalanas.

La apuesta de Aragonès

El Govern ya ha anunciado su intención de dar la batalla en los tribunales. El consejero de Educación de la Generalidad, Josep Gonzàlez-Cambray, que empleó las palabras "aberrante", "persecución" o "acoso" para referirse a la resolución, ha asegurado que recurrirán el auto. Sin embargo, dicho recurso únicamente podría cuestionar la legitimidad de la AEB, pero en ningún caso entraría en el fondo del asunto, ni suspendería la ejecución de la sentencia. El reloj, por tanto, sigue corriendo.

Este martes, el presidente catalán, Pere Aragonès, ha hecho un llamamiento "a la unidad" y ha urgido a cerrar ya un acuerdo para modificar la Ley de Política Lingüística de 1998. Esta reforma ya fue pactada en marzo pasado con el apoyo de ERC, PSC, Junts y los comunes. El objetivo de este cambio normativo era precisamente evitar que los tribunales puedan modificar las cuotas lingüísticas, dejando que cada centro educativo elija cómo implementa el castellano, siempre, con el catalán como lengua vehicular. Sin embargo, los posconvergentes se bajaron del barco a última hora reclamando "mayor consenso" y, desde entonces, permanece en dique seco.

El president ha pedido hoy a los cuatro grupos parlamentarios firmantes del acuerdo inicial que "mejoren lo que se tenga que mejorar" de aquella propuesta, instándoles a "dedicar las próximas horas y días a fijar un acuerdo". "Hago un llamamiento a la unidad, al consenso político, a la ambición y a poner todos los recursos a nuestro alcance para preservar el modelo lingüístico de escuela catalana ante un tribunal que se extralimita y entra a dictar política educativa", ha señalado.

La respuesta del Gobierno

Mientras tanto, desde Moncloa, aseguran que actuarán para que se cumpla la sentencia. "Las sentencias están para cumplirlas y los pronunciamientos de los tribunales han de acatarse", señalaba este martes la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, antes de apuntar que lo que se hará, desde el Gobierno, es actuar "con la Alta Inspección para que, dentro de sus competencias, se cumpla con la indicación de los tribunales".

"Las sentencias cuando son firmes son de obligado cumplimiento, por tanto, no ha habido ningún tipo de debate. En lo que respecta a este Gobierno a través de su Alta Inspección vamos a colaborar dentro del marco de las competencias y la jurisprudencia que existe", insistía, por su parte, la ministra de Educación, Pilar Alegría.

No lo tendrá fácil, sin embargo, la Alta Inspección para hacer cumplir la sentencia. Este organismo cuenta únicamente con dos funcionarios por comunidad y, además, no podrá acceder a los 5.000 centros educativos de Cataluña, sino que tendrá que realizar solicitudes formales a cada escuela o instituto, al estar transferidas las competencias en esta materia a las autonomías.

Pese a abrir las puertas de la comisión de secretos oficiales y servir en bandeja de plata la cabeza de la directora del CNI al separatismo, la crisis Pegasus no solo parece lejos de terminar, sino que se ha solapado con la del castellano en Cataluña, dejando al Gobierno en una posición de extrema debilidad frente al separatismo, del que se ha valido para llegar hasta aquí.

Los independentistas han demostrado hasta ahora que su apoyo a Pedro Sánchez se paga. Desde las tradicionales prebendas al PNV, pasando por el acercamiento de presos etarras, los indultos a los golpistas del procés, el catalán y euskera en Netflix o la mesa de diálogo. La pregunta es obligada: ¿Tendrá algo más que ofrecer Sánchez 'el resistente' para no ser destronado?

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