PSOE

Las calles de Santa Coloma de Gramanet se han inundado este jueves con más de mil vecinos que han protestado contra la corrupción en el municipio y en España y que han exigido tres cosas a sus representantes políticos: la disolución del Consistorio, la parada inmediata de todas las obras municipales y la publicación de las declaraciones de patrimonio de los miembros del Ayuntamiento.

"No dio tiempo a que se aprobara una ley que permitiera su uso". Con estas palabras la portavoz del grupo del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que aunque el PP compró el Sitel, no llegó a usarlo. Además, Saenz de Santamaría ha aludido a que Rubalcaba y Alonso "han usado el sistema sin una ley de rango adecuado".

El PP amplió a 3,3 puntos su ventaja electoral sobre el PSOE en octubre, según se recoge en el barómetro de opinión de dicho mes dado a conocer este lunes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La encuesta se realizó entre los días 7 y 14 de octubre, justo cuando se conoció el informe de la Policía en el "caso Gürtel" que acabó provocando una crisis en el PP valenciano y la salida de Ricardo Costa de la Secretaría General.

Amnistía Internacional (AI), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR), Cáritas y la Red Acoge han mostrado su oposición a la nueva Ley
de Extranjería aprobada en el Congreso, ya que creen que afectará
de forma garve a los inmigrantes que viven en España y ya que no
garantiza el respeto a los derechos humanos y al acceso a los servicios
básicos.

Los dos grandes partidos han comprendido que la corrupción no entiende de siglas políticas. Por eso preparan juntos varias propuestas de reformas legales para hacer frente a la oleada de escándalos corruptos que sacuden la geografía española. Sin embargo, ¿falla la legislación vigente o está simplemente mal aplicada? Desde Manos Limpias se alzan voces que acusan al Gobierno de no usar las herramientas con las que hoy cuenta para poner coto a los casos de corruptela. Por Miriam Carmona

Juan José Díaz Valiño, alcalde de Castro Rei (Lugo), ha sido detenido este lunes junto a otros tres concejales - dos del PSOE y uno de Terra Galega- por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.