JUSTICIA

La justicia israelí ha autorizado a la Policía a deportar a una Nobel de la Paz por tratar de entrar en Israel ia pesar de que pesa sobre ella una orden de prohibición durante 10 años.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, ha pedido hoy que no se ponga en cuestión la labor de los jueces y de los tribunales, porque la Constitución es la que legitima democráticamente al juez y la que lo coloca al mismo nivel de los demás Poderes.

Argentina reabre la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Francisco Franco en España. La Sala Segunda de la Cámara Criminal y Correccional Federal argentina ha declarado nulo el dictamen de una jueza federal de Buenos Aires que había archivado esas actuaciones y ha solicitado al Gobieno español que informe si se está investigando esos crímenes entre 1936 y 1977.

En un comunicado, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha anunciado un nuevo varapalo judicial al Gobierno tras la negativa de prohibir la manifestación del pasado 18 de septiembre por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En esta ocasión, la sentencia viene del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha condenado al Ejecutivo por no adaptar en plazo la directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha destacado hoy que en la lucha contra Eta la novedad, "digan lo que digan los terroristas y quienes los apoyan", es que no hay novedad, al tiempo que ha reclamado el apoyo político y social a los fiscales en la lucha contra la corrupción.

En el día de la apertura del año judicial, más de 1.500 jueces y magistrados afirman que "nuestros órganos de gobierno deberían poner contra las cuerdas las propuestas de reforma de la Justicia que el Gobierno pretende realizar".

El Ejecutivo sigue cediendo a las presiones de Cataluña. Este viernes, el Consejo de Ministros ha aprobado el desarrollo de competencias en materia de Justicia, a través del Ministerio, para ampliar el autogobierno en Cataluña. Para ello, el Gobierno modificará la Ley Orgánica del Consejo de Poder Judicial, reformará la actual regulación de la casación y cambiará el estatuto del Ministerio Fiscal. Esta es la única manera posible de llevar a cabo estas pretensiones tras la sentencia del Constitucional, que negó la potestad para que Cataluña desarrollase su Justicia.