Reforma

Con el objetivo de acabar con el exceso de litigiosidad, que considera uno de los principales problemas de la Justicia española, el ministro ha anunciado que, en la línea del depósito previo para recursos aprobado en 2009, se instaurará una nueva tasa judicial. Así, las partes deberán asumir obligatoriamente los costes del proceso a partir de la segunda instancia, aunque la cantidad que depositen les será reintegrada si su demanda prospera. "Si el ciudadano no se conforma con la respuesta que le da el poder judicial, en segunda instancia es cuando se aplicará el nuevo modelo de tasas", ha dicho Gallardón, que ha precisado que los ingresos obtenidos por esta vía se dedicarán a la modernización de la Justicia. La nueva tasa no se aplicará a la jurisdicción penal, y también estarán exentos "quienes carezcan de recursos para litigar".