Reforma

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, considera "paradójica" y "contradictoria" la rebaja aplicada a la deuda española por las firmas de calificación, que "por un lado valoran positivamente las reformas y después determinan con su criterio lo contrario", como ha hecho Moody's. Al tiempo, el Tesoro Público lograba bajar el interés de los 5.445 millones de euros en letras colocados en la subasta de este martes.

El Gobierno ha limitado a 600.000 euros el sueldo de la cúpula en las entidades que han recibido ayudas públicas y a 300.000 euros en las que han sido intervenidas por el Estado, anunció el ministro de Economía, Luis de Guindos, que ha añadido que dotará de 10.000 millones la línea ICO para comunidades autónomas, ampliable a 15.000 millones.

Los líderes sindicales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han explicado que es preciso "un cambio en el estado de ánimo" de los trabajadores antes de convocar una huelga general contra la reforma laboral, y han llamado a convertir la calle "en un hervidero" el próximo 19 de febrero, en lo que podría ser un ensayo de movilización general.

Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo se han reunido este lunes con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y los representantes de los empresarios para analizar la reforma laboral. A la salida de ese encuentro, han querido dejar clara su postura y han afirmado que "La huelga general dependerá de la decisión de los trabajadores".

El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, celebra que se vaya a reformar la Ley del Menor, pero ha explicado a EL IMPARCIAL que hay dos puntos que no se pueden olvidar en el nuevo texto: obligar a los menores de catorce años que delincan a cumplir medidas educativas con carácter obligatorio y que los que hayan cometido delitos graves no salgan en libertad vigilada sin que un experto nos diga que está realmente rehabilitado.

Con el objetivo de acabar con el exceso de litigiosidad, que considera uno de los principales problemas de la Justicia española, el ministro ha anunciado que, en la línea del depósito previo para recursos aprobado en 2009, se instaurará una nueva tasa judicial. Así, las partes deberán asumir obligatoriamente los costes del proceso a partir de la segunda instancia, aunque la cantidad que depositen les será reintegrada si su demanda prospera. "Si el ciudadano no se conforma con la respuesta que le da el poder judicial, en segunda instancia es cuando se aplicará el nuevo modelo de tasas", ha dicho Gallardón, que ha precisado que los ingresos obtenidos por esta vía se dedicarán a la modernización de la Justicia. La nueva tasa no se aplicará a la jurisdicción penal, y también estarán exentos "quienes carezcan de recursos para litigar".