Garzón

El juez Baltasar Garzón ha asegurado este lunes que las víctimas de crímenes contra la humanidad están "absolutamente marginadas" en los procesos de transición democráticos y que "con demasiada frecuencia" las consideran "responsables de inestabilidades" a ellas y "no a los victimarios". Así lo ha manifestado el magistrado, que actualmente se encuentra suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional, en la presentación de uno de los cursos de la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial, que aborda la problemática de los derechos humanos en procesos de transición como los de El Salvador, Argentina o Perú.

El ex presidente de Endesa y ex diputado del PP Manuel Pizarro ha llegado al Tribunal Supremo (TS) para declarar como testigo ante el magistrado instructor de la querella contra el juez Baltasar Garzón por el dinero que supuestamente recibió durante su estancia en la Universidad de Nueva York.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado este jueves al magistrado Pablo Rafael Ruz Gutiérrez como sustituto del juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, tras ser éste suspendido cautelarmente de sus funciones el mes pasado por el órgano de gobierno de los jueces.

Los abogados de Garzón han presentado al Tribunal Supremo su escrito de defensa en la causa del franquismo en el que piden la absolución del magistrado al considerarse competente para investigar este asunto. Con este escrito de defensa y el de la acusación, presentado por Manos Limpias, la documentación a entregar está lista por lo que queda pendiente que en breve el Tribunal Supremo fije la fecha del juicio oral. Según auguran una de las partes implicadas, a finales de septiembre el magistrado de la Audiencia Nacional se sentará en el banquillo de acusados.

El ex presidente de Cepsa, Carlos Pérez de Bricio, ha manifestado en su comparecencia ante el Supremo que aunque él no fue el encargado de decidir que la compañía patrocinara en 2005 uno de los cursos dirigidos por el juez Baltasar Garzón en la Universidad de Nueva York, el contenido del mismo les pareció interesante porque versaba sobre terrorismo y seguridad y ellos estaban "amenazados por Eta".

Las empresas españolas Cepsa, Endesa, Telefónica, BBVA y Santander aportaron cerca de un millón de dólares a la Universidad de Nueva York para la celebración de varios cursos en los que participó el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón durante los años 2005 y 2006, informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

El juez Baltasar Garzón, suspendido cautelarmente de sus funciones desde el pasado mes de mayo, ha reconocido esta jueves que es "bastante pesimista" sobre su "futuro inmediato", aunque ha asegurado que eso "no quiere decir que renuncie a la pelea" y ha defendido que no merece la situación en la que se encuentra "por interpretar la ley".

Pablo Rafael Ruz Gutierrez es el actual titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Collado Villalba (Madrid) y ha sido elegido por el Consejo General del Poder Judicial para sustituir al juez Baltasar Garzón al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. A diferencia del juez suspendido, a Ruz se le caracteriza por su discreción.

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha propuesto una terna de magistrados -dos mujeres y un hombre- para sustituir a Baltasar Garzón, suspendido cautelarmente de sus funciones el pasado mayo por el Consejo General del Poder Judicial, que elegirá finalmente al sustituto.

Luciano Varela juez que instruye la causa contra Garzón, por presunta prevaricación al declararse competente para investigar las desapariciones durante el franquismo, ha decidido rechazar tramitar la petición del juez de la Audiencia Nacional para que anulara la apertura del juicio oral.

La carta que el juez Garzón envió al ex presidente de Cepsa, Carlos Pérez de Bricio, para pedirle un presupuesto para el proyecto denominado "Terrorismo y Seguridad", ha sido entregada por Cepsa al Tribunal Supremo como prueba, ya que la acusación considera que el dinero solicitado fue entregado al propio Garzón, con lo que habría incurrido en un delito de prevaricación y cohecho.