Marruecos desvía la atención de la opinión pública
En un comunicado emitido al término de la sesión, la Cámara de Representantes o Cámara Baja del Parlamento marroquí ha hecho un «llamamiento urgente al gobierno para que proceda en el más breve plazo posible a una revisión y reevaluación global de las relaciones hispano-marroquíes, y con el conjunto de las instituciones, a todos los niveles, político, económico, securitario, social y cultural ». Esta es una resolución que no tiene precedentes en la historia del parlamentarismo marroquí.
Nunca en el pasado se ha desarrollado una campaña mediática, popular y política tan agresiva hacia las relaciones con España como está ocurriendo ahora. En todas las crisis cíclicas pasadas -ruptura del acuerdo pesquero, enfrentamiento por la ocupación del islote de Perejil, disturbios en las fronteras de Ceuta y Melilla- el Palacio había contenido « el descontento popular » e impedido que se organizaran marchas multitudinarias en las calles en protesta contra el gobierno o los partidos políticos españoles. Las crisis fueron siempre controladas desde el Palacio Real, con algunas manifestaciones públicas a modo de mensaje.
Sin embargo, esta vez, por decisión del Palacio, se organiza una sesión especial del Parlamento con un único punto en el orden del día: « el examen de la posición del Parlamento español sobre la cuestión de la integridad territorial del Reino». Aunque no es la primera vez que la Cámara de Diputados discute temas relacionados con España, ciertamente. Ya lo ha hecho en el pasado en el marco de la comparecencia de los responsables de la política exterior. Pero siempre en un marco en el que había otras cuestiones en el orden del día de las sesiones ordinarias de comparecencia de los ministros ante las dos Cámaras reunidas.
El aumento de la tensión bilateral procede de la lectura directa de las posiciones adoptadas por los partidos políticos españoles, así como el Parlamento, en relación a la crisis originada con el desmantelamiento de la fuerza del campamento saharaui a las afueras de El Aaiun y los posteriores enfrentamientos en la ciudad entre manifestantes y fuerzas de seguridad. El gobierno marroquí achaca la tensión generada no sólo a las declaraciones españolas pidiendo que se forme una comisión internacional de investigación sobre lo ocurrido -condenando « la violencia » desatada en El Aaiún-, sino también el hecho del silencio español « sobre las responsabilidades de Argelia en la crisis desatada en la región », y sobre « los grupos organizados de manifestantes » que acabaron con la vida de 11 miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes.
El portavoz del gobierno marroquí, el ministro Jalid Naciri, ha reprochado al Parlamento español que ni siquiera « haya presentado el pésame a las familias de las víctimas entre las fuerzas de orden ».
El clima de turbulencia popular contra diversas instituciones españolas y los medios de comunicación coincide con la difusión de los « documentos del Departamento de Estado » por wikileaks, en los que se apunta a la corrupción en Marruecos « al más alto nivel », y que alcanza el entorno directo del Rey Mohamed VI, en particular en los proyectos inmobiliarios y turísticos. Una coincidencia que algunos no dudan en interpretar como interesada por parte de los poderes públicos marroquíes al soliviantar la clase política contra España, para ocultar a la opinión pública el alcance de la gangrena de la corrupción.
En un seminario celebrado estos días en Rabat sobre « los mecanismos institucionales de prevención de la corrupción », el primer Ministro Abbas el Fasdsi ha hablado de que la lucha contra esta lacra « sólo puede hacerse desde un compromiso de concertación en el marco de un plan nacional global ». El jefe del Gobierno enumeró los mecanismos puestos en funcionamiento en el país para luchar contra la corrupción, como la instancia central de prevención de la corrupción (ICPC), el Consejo de la competencia, la Comisión nacional del clima de los negocios, la Unidad de tratamiento financiero y el Diwan al Madalin (una Administración similar al Defensor del Pueblo).
Sin embargo, ninguno de estos organismos tiene competencias para juzgar o convocar a las empresas del holding real ONA o participadas por la Familia Real, así como a sus dirigentes, en los supuestos casos de corrupción. La ICPC no tiene mandato jurídico para convocar a ningún consejero real, ni a los altos ejecutivos del Estado nombrados por dahir por el Rey Mohamed VI. Las insinuaciones de corrupción hechas por las notas del Departamento de Estado enviadas desde sus representaciones diplomática y consular de Rabat y Casablanca, quedarán pues archivadas.
