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La Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se aprobará este viernes, genera reticencias entre los jueces antes de su aprobación. Una de sus novedades es que sea el fiscal y no el juez de instrucción quien investigue los casos y su actual dependencia del ejecutivo pone genera dudas sobre la autonomía del proceso.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, ha pedido hoy que no se ponga en cuestión la labor de los jueces y de los tribunales, porque la Constitución es la que legitima democráticamente al juez y la que lo coloca al mismo nivel de los demás Poderes.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha dicho hoy que "hay espacio" para realizar las modificaciones normativas que permitan reforzar la articulación del Estatut tras las sentencia del Constitucional y ha apuntado una posible reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En el día de la apertura del año judicial, más de 1.500 jueces y magistrados afirman que "nuestros órganos de gobierno deberían poner contra las cuerdas las propuestas de reforma de la Justicia que el Gobierno pretende realizar".

Según los últimos datos revelados por el Poder Judicial, 55 mujeres fueron asesinadas en 2009 por violencia de género frente a los diez hombres que murieron a mano de sus parejas en ese mismo año.