Zapatero

Si se pusieran a posar en plan Ana Obregón en una playa, los políticos españoles no saldrían mal parados, y ahí está el ejemplo de José María Aznar para demostrarlo. Salvo excepciones, contadas, la mayoría cuida sus cuerpos y mima la salud, y si no es por el footing, es por largos paseos o por la natación.

Cristóbal Montorao, portavoz económico del PP, ha tachado de "parche" los 420 euros que el Gobierno dará a desempleados sin nigún tipo de prestación. "Con 14 euros diarios no vive una familia en España", ha aseverado.

El mandatario estadounidense, Barack Obama, manifestó este viernes su intención de reunirse con el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, al que definió como “un buen hombre”. La reunión se producirá en la Cumbre del G-20, que tendrá lugar en Pensilvania, a finales de septiembre.

De sobra conocidos son los "regalos" de Zapatero a Cataluña. A las partidas extraordinarias de los Presupuestos Generales del Estado y al sistema de financiación hay que sumar un nuevo agravio comparativo: la cesión gratuita de terrenos de la Zona Marítimo-Terrestre al municipio de Barcelona, único de España que goza de este beneficio.

Tras las duras críticas al subsidio Corbacho, que otorga una ayuda de 420 euros a los parados que desde el 1 de agosto no disponen de ningún tipo de prestación y que entró en vigor el pasado lunes, el presidente del Gobierno ha anunciado que el Ejecutivo está dispuesto a modificar las características de esta prestación extraordinaria para desempleados y ha explicado que se reunirá con los sindicatos para "hacer más eficaz la medida". Ya este martes el ministro de Fomento, José Blanco, se comprometió a que el Gobierno "informase mejor", ya que en un primer momento no se dijo que la nueva ayuda no abarcaba a todos los parados sin prestaciones.

El Partido Popular cree que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y el responsable de Justicia, Federico Trillo y el presidente valenciano, Francisco Camps, pueden ser algunos de los mandatarios del partido con los teléfonos "pinchados". Mientras, los sindicatos policiales SUP, CEP y SPP han negado la participación de cualquiera de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en escuchas telefónicas ilegales porque estas intervenciones deben contar con la autorización de un juez.