Franquismo

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este miércoles que la admisión a trámite de la querella contra el juez Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación al investigar las fosas del franquismo demuestra que "nadie" puede interpretar la ley "a su antojo".

El Gobierno de Unión de Centro Democrática se encargó de hacer desaparecer los expedientes preparados durante el franquismo para juzgar a comunista Santiago Carrillo, consejero del Orden Público en la Junta de Defensa de Madrid durante la matanza de Paracuellos. Según ha podido saber J.A.Z. de Las Provincias de Valencia, entre 1981 y 82 se retiraron de la Capitanía General de Valencia a Madrid dos gruesos dossiers dedicados Al líder del PCE durante la transición. El lugar donde se depositaron se desconoce.

El Tribunal Supremo ha imputado al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por prevaricación. La Sala Segunda ha decidido admitir a trámite una querella del sindicato Manos Limpias en la que se imputa al juez un delito de prevaricación "palmario, premeditado, consciente y creyéndose impune" por su actuación en el proceso que comenzó por la desaparición de personas durante la Guerra Civil y el franquismo. Por el momento, Garzón no será suspendido, puesto que el Consejo General del Poder Judicial no tomará ninguna decisión hasta que el auto del Supremo sea firme.

El Ayuntamiento de León retirará en el plazo de "unos meses" el nombre de "General Lafuente" a la calle dedicada al militar franquista que denunció por su ideología socialista al capitán Juan Rodríguez Lozano, abuelo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fusilado en el año 1936.